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Gobierno de unión israelí Netanyahu-Gantz, en manos del Tribunal Supremo

¿Es legal el gobierno de unión israelí entre Benjamin Netanyahu, procesado por corrupción, y Benny Gantz? El Tribunal Supremo siguió examinando este lunes este asunto crucial para el futuro político de Israel.

Durante los debates, transmitidos en directo por las cadenas de televisión locales, los 11 jueces, con los rostros semicubiertos con máscarillas sanitarias, expresaron sus reservas sobre varios puntos del acuerdo de coalición, aunque explicaron que en la etapa actual no pueden invalidarlo. No obstante, varias cláusulas del mismo aún no tienen fuerza legal.

El tribunal empezó el domingo a estudiar el acuerdo firmado hace dos semanas por ambos líderes, hasta hace muy poco rivales, para poner fin a la peor crisis política de Israel y enfrentar la propagación del coronavirus, que ha contaminado a miles de ciudadanos y golpeado la economía del país,

Pero, la víspera los jueces se focalizaron en la cuestión de si los cargos de corrupción contra Netanyahu en varios casos le impedirían formar el próximo gobierno, y no como en esta jornada sobre la legalidad del acuerdo entre ambos.

El acuerdo prevé que Netanyahu sea primer ministro durante los primeros 18 meses y Gantz durante los 18 siguientes. Los ministerios se repartirán equitativamente entre ambas partes, que se han comprometido a debatir a partir de julio un proyecto de anexión del Valle del Jordán y de los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada.

Pero este pacto tiene varios detractores, que consideran que algunas de sus cláusulas violan las leyes fundamentales de Israel, equivalente a una Constitución.

Además de la imposibilidad, según ellos, de que un procesado pueda dirigir un gobierno, critican por ejemplo la celebración de elecciones en tres años (la ley estipula cuatro) o la congelación por seis meses de los nombramientos al frente de servicios públicos.

– "Importantes dificultades" –

La justicia recibió nada menos que ocho denuncias. Una de ellas es de Yesh Atid ("Hay un futuro", partido laico y centrista), una formación que era miembro de la coalición centrista Azul y Blanco de Benny Gantz antes de que este pactara con Netanyahu.

Este lunes, el líder del partido, Yair Lapid, atacó nuevamente este acuerdo ante el parlamento, instando a los israelíes a que lean "cada palabra" del texto.

"El acuerdo no dice nada sobre el coronavirus (…) sobre las pequeñas empresas (…) sobre los desempleados", denunció, aludiendo a la pandemia de covid-19.

"Es solamente una cuestión de rotación y puestos, y de cuántos ministros tendrá cada partido", añadió.

El fin de semana, en Tel Aviv y Jerusalén, detractores del acuerdo se manifestaron, respetando en su mayoría las medidas de distancia física, portando banderas negras para ilustrar la "muerte" de la democracia israelí.

Netanyahu, de 70 años, el político que lleva más tiempo como primer ministro en la historia de Israel, está encausado por corrupción, malversación de fondos y abuso de confianza en una serie de casos. El juicio, previsto para marzo, fue aplazado hasta mediados de mayo debido a las medidas contra el coronavirus.

En Israel un primer ministro puede permanecer en el cargo a pesar de los cargos en su contra pero, ¿qué pasa si la persona acaba de ser electa y se dispone a dirigir el próximo gobierno? Quienes han presentado demandas estiman que la ley no lo permite.

Según un dictamen transmitido al Tribunal Supremo, el fiscal general Avichai Mandelblit –el mismo que acusó a Netanyahu de corrupción– no ve impedimento legal para que el procesado pueda liderar el próximo gobierno a pesar de los cargos contra él.

Sobre los demás temas, el fiscal Mandelblit estima que el acuerdo sí presenta "dificultades (legales) importantes" pero que no lo invalidan

Pero en esta saga político-judicial no es el fiscal, sino los 11 magistrados del máximo tribunal quienes decidirán. Su veredicto será conocido de aquí al jueves.

Incluso, podrían invalidar el acuerdo entre Netanyahu y Gantz, desencadenando nuevas elecciones, que serían las cuartas en poco más de un año.

El tribunal podría invalidar sólo algunas de las disposiciones del pacto lo que obligaría a los partidos a modificarlo, o abandonarlo si hay desacuerdos.

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